Piden que se le prohíba a Scioli salir del país

Así lo solicitó el fiscal penal de La Plata Álvaro Garganta, quien además reclamó que se inhiba al ex vicepresidente por 189 millones de pesos.

El fiscal penal de La Plata Alvaro Garganta pidió este viernes que se le prohíba salir del país al ex gobernador Daniel Scioli y se lo inhiba por 189 millones de pesos, en la causa que investiga irregularidades en la contratación de obras públicas.

Una fuente judicial explicó a la agencia de noticias Télam que el pedido fue formulado a la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, quien ahora deberá definir si acepta o rechaza la solicitud de la fiscalía.

El vocero detalló que el pedido de Garganta, quien investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante su gestión, “ingresó al juzgado a última hora de hoy, por lo que Garmendia lo resolverá la semana próxima”.

El pedido de prohibición de salida del país y de la inhibición por 189 millones de pesos incluye también al ex ministro de Salud Alejandro Collia y al empresario Ricardo Estanislao Miller, de quien Garganta sospecha que se vio favorecido por la construcción de las UPAs.

“La magnitud de la presente investigación y la disponibilidad económica de los imputados, recomiendan que a los mismos se les prohíba salir del país sin previa autorización del juzgado a su cargo”, sostuvo Garganta en el escrito al que tuvo acceso Télam.

Para el fiscal, la prohibición de salida del país y la inhibición de bienes “resultan indispensables para garantizar la incolumidad de sus patrimonios, en perspectiva de una eventual condena resarcitoria y/o de decomiso y en otro orden para garantizar su presencia personal en el juicio”.

El ex gobernador bonaerense y actual diputado nacional Daniel Scioli declaró ayer no haber recibido “nunca dádivas de ninguna persona”, al defenderse por medio de un escrito que presentó en su indagatoria ante el fiscal Garganta.

En este sentido, subrayó que “todas las contrataciones” realizadas durante su gestión fueron hechas “en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad”.

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