Justicia santiagueña fortalece acciones para atender a víctimas de delitos

Autoridades de la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer (OVFyM) recibieron a funcionarias de  la Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, actividad que marcó el inicio de la agenda anual de gestión del organismo judicial.

Participaron en el encuentro las Dras. Eugenia Hernández y Paula Jensen y la Lic. Claudia Osorio Meneghini, quienes fueron anfitrionas de funcionarias de la Secretaría de Derechos Humanos nacional, Dra. Trinidad Trejo Juárez, delegada de esa repartición en la Provincia de Córdoba y la Ing. Mercedes Bazán, quien se desempeña en la delegación Santiago del Estero.

El motivo de la reunión fue coordinar el trabajo conjunto para el presente año, a los fines de realizar actividades de capacitación en materia de Derechos Humanos, dentro del marco normativo vigente.

Consultada sobre el particular, la Lic. Osorio Meneghini comentó al Área de Prensa del Poder Judicial, que en la ocasión se abordó la implementación de la Ley Nacional Nº 27.372 de Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delitos, sancionada en junio de 2017 por el Congreso.

Las disposiciones de la ley, puntualizó la profesional, son de orden público y el objetivo es reconocer y garantizar los derechos de las personas damnificadas por un hecho delictivo. Se refiere a asesoramiento, asistencia, protección, acceso a Justicia y a recibir un tratamiento adecuado en todos los casos.

Cabe destacar que alguno de los aspectos más relevantes de la normativa es brindar celeridad en sus gestiones a los justiciables; brindar un trato digno y respetuoso  y  a ser asistidos por personal especializado.

De tal modo, la norma busca acompañar a los damnificados por el ilícito en el proceso penal, incluyéndolas como parte de la investigación y de esta manera adquirir un rol activo durante la tramitación de la causa.

En tal sentido, la Lic. Osorio destacó que la ley promueve la creación de centros de contención a las víctimas y el patrocinio jurídico gratuito para la víctima y a sus familiares, al tiempo que obliga a los Poderes Judiciales a informar sobre excarcelaciones y salidas transitorias de los condenados por el delito.

Asimismo, se prioriza el derecho de la víctima a ser escuchada y le confiere la posibilidad de ser querellante particular, con patrocinio letrado costeado por el Estado, al tiempo que incorpora la figura del Defensor Público, concluyó la funcionaria.

Cabe mencionar que las precursoras de esta ley fueron integrantes de la asociación “Madres del Dolor”, como María Lujan Rey, cuyo hijo perdió la vida en la “Tragedia de Once”; Nilda Gómez, madre de una de las víctimas del incendio del boliche Cromañon y Carolina Piparo, quien fue baleada durante un asalto cuando estaba embarazada.

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