El Defensor del Pueblo de la provincia presentó el Informe Anual de Gestión 2018 ante la Legislatura

25.03.19  Hoy, a las 11,30, en la Legislatura provincial, el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. Enrique Lionel Suárez, entregó oficialmente al Vicegobernador y Presidente de la Legislatura, José Emilio Neder, el Informe Anual de Gestión, en cumplimiento a un mandato constitucional, por el que da cuenta  de la labor institucional desarrollada por el organismo desde el 1 de enero 2018 al 31 de diciembre de 2018. En la ocasión, Neder estuvo acompañado por el secretario Legislativo, Dr. José Herrera. 

La presentación impresa en dos tomos, con su respectivo soporte digital, también fue elaborado para cada uno de los legisladores y las respectivas bancadas.En contacto con la prensa, Suárez agradeció la recepción brindada por el Vicegobernador y titular de la Legislatura, José Emilio Neder, del informe anual y adoptó los recaudos para el ingreso de la documentación que será presentada en la próxima sesión ordinaria e y puesta a consideración al pleno legislativo para conocimiento de los legisladores”.

En cuanto a los ejes que caracterizaron la gestión institucional de la Defensoría del Pueblo de la provincia, señaló que “el informe de gestión implica sin cortapisas; revisar los objetivos y acciones, implicancias y consecuencias desde la designación como Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero el día 25 de marzo del 2017, con la pretensa intención de extractar las actuaciones que se tramitaron ante la Defensoría en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 6.320, e incluye el informe de actuaciones correspondientes a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, creada e incorporada a ésta Institución desde la sanción de la  Ley Nº 6.915, sintetizando el amplio espectro de actividades y servicios brindados a la comunidad de la provincia a lo largo del año bajo examen, ordenado de acuerdo con una secuencia expositiva que expresa la especialización funcional interna del organismo corresponde que sean abordadas y tramitadas, en resguardo de derechos de los santiagueños que de otro modo se verían  obligados a buscar soluciones litigiosas, cuando no conculcados, ante la imposibilidad de obtener la reparación a su derecho vulnerado”.

Indicó que, en el Informe de Gestión, se exponen las actividades desarrolladas por la Defensoría, procurando llevar el mensaje institucional respecto de las incumbencias y funciones, con el objeto de ofrecer mayor claridad respecto de los servicios que brinda y la promoción y protección de derechos.

Señaló Suárez que “desde nuestra Institución bregamos para que el encuentro con quienes acuden requiriendo de nuestros servicios se desarrolle en un marco de cordialidad y buen trato, condiciones que a diario, el personal pone de manifiesto para mejorar la prestación de los servicios, siendo propicia la oportunidad para expresar al personal, administrativos, técnicos y profesionales mi más sincero agradecimiento y puesta en valor”.Agregó que “siendo la misión primera de esta Defensoría la protección derechos de las personas frente a actos u omisiones, no solo de la administración pública, ratifico el compromiso de llevar adelante la tarea encomendada por esa Honorable Cámara de Diputados de la Provincia con el mayor de los ahíncos y a partir de las funciones otorgadas por la Ley, dentro de un proceso de crecimiento en paz, respeto y consenso”.

Sostuvo que “la Defensoría del Pueblo es una institución en continua construcción de su reconocimiento por la comunidad santiagueña, mérito de los Defensores que me han precedido en el cargo, pero también del calificado grupo de agentes y funcionarios que integra su personal, comprometido con la atención de los problemas que los conciudadanos plantean en nuestra sede”.Subrayó Suárez que “creemos que, la explicación de este extendido reconocimiento, proviene de la coherente fidelidad con que nuestra institución ha mantenido a lo largo de todo este tiempo con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos”.

Con relación a los ejes de acción para el presente año, indicó Suárez que “se va a trabajar en profundizar la visibilización de la Defensoría y de su importancia social como protectora de derechos; en la amplia geografía provincial; la implementación del trabajo en red con otros organismos públicos a fin de establecer una “Mesa de Atención al Ciudadano” para orientar y simplificar el acceso de su reclamo a la institución; (sin que esto implique por sí mismo nuevos créditos presupuestarios o ampliaciones de personal) con el objetivo de avanzar en la protección de los derechos en el contexto de las transformaciones operadas en el plano institucional de la provincia y la emergencia de nuevas necesidades y problemáticas sociales”.A través de las acciones emprendidas: federalizar la Institución, difusión intensa de la presencia del Defensor, actuar en conjunto con organizaciones no gubernamentales de índole social; y el pleno uso de las herramientas otorgadas por la ley, se tiende a consolidar los mecanismos con que cuenta el ciudadano y que tienen por finalidad principal, poner en valor los principios democráticos”.

En cuanto a la modalidad de intervención indicó que “asentados en el principio de que la comunidad de nuestra provincia, poseedora de una diversidad cultural, social, geográfica, etc. tan amplia, requiere necesariamente de permanentes actos de integración por parte de sus instituciones, es que se continuaron firmando convenios de cooperación con Municipios y Comunas y con otras Defensorías locales, así como el personal visitó los sitios y conversó con las personas en su lugar de origen”.

Destacó que “la atención del ciudadano individual, que se presenta en nuestra sede o se comunica por diversas vías para exponer su inconveniente o problema con la administración y solicitar la gestión de la institución que represento, para tratar de solucionarlo, y en esta oportunidad es interesante destacar el crecimiento de la recepción de consultas y reclamos a través de las redes sociales y correo electrónico”.

Ponderó “la debida promoción de los Derechos Humanos a través de la intervención activa en establecimientos educativos; la articulación entre las áreas del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en lo referente a la atención de las víctimas de violencia de género; la profundización de la tutela en los derechos de los personas con discapacidad; la instrumentación de mecanismos y estrategias de difusión de derechos adecuados para impedir la discriminación de los grupos sociales por causa de su orientación sexual o su identidad de género; la profundización de las acciones dirigidas a la protección del medio ambiente y la salud pública; la coordinación entre organismos públicos y empresas públicas o privadas para el monitoreo de las obras de infraestructura necesarias para la extensión de los servicios públicos”.

Por último, subrayó Suárez que “merece ponderarse el desarrollo de actividades desde el área de capacitación continua del personal profesional y administrativo en estudios interdisciplinarios y monitoreo que, a través de convenios de colaboración, está destinada a contribuir –dar sustento y orientación– al cumplimiento de las obligaciones del Estado en esta temática fundamental de la vida social”.

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