Suárez: «No es comprensiva de la problemática que pretende abordar ni mucho menos resulta suficiente para resolverla»

El Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, se pronunció sobre la Resolución 598/19 de la cartera de Seguridad de la Nación, que crea el «Servicio Voluntario para Jóvenes». «Es dable elogiar el reconocimiento, aun tardío, de la problemática padecida por los aquellos jóvenes que quedan excluidos del sistema, no sin expresar el rechazo al modo encontrado para reconocer la propia falla de la política pública nacional, adoptando una figura que nada aporta al sistema educativo».

En un documento, el Dr. Lionel Suárez, señala que «esta Defensoría del Pueblo en tanto organismo que defiende la educación pública, laica obligatoria y gratuita para la formación en ciudadanía y democracia, ante el dictado de la Resolución Nº-2019-598-APN-MSG del Ministerio de Seguridad de la Nación mediante el cual crea el Servicio Cívico Voluntario para Jóvenes, se siente en el deber de manifestar, que si bien es valorado el acto de visibilizar la problemática de miles de jóvenes argentinos que han sido abandonados por la política públicas nacionales y que, en su estado de desamparo no estudian ni trabajan, excluidos del sistema productivo, entiendo que la medida adoptada no es comprensiva de la problemática que pretende abordar ni mucho menos resulta suficiente para resolverla».

Afirma que «el Servicio Cívico Voluntario para Jóvenes creado con una resolución vacía de contenido -ya que no fija ni programas, ni modalidades, ni planes- es un intento más del Estado Nacional por desatender su obligación principal, habida cuenta que la educación secundaria es obligatoria en la Argentina y un derecho de niños, niñas y adolescentes que debe ser garantizado por el Estado».

Señala que «mediante la implementación de políticas públicas, es obligación del Estado Nacional velar por el cumplimiento de incorporar y mantener en el sistema educativo; en caso de ser necesario jornadas escolares dobles, escuelas de oficios, recuperar la escuelas técnicas desmembradas en la décadas de los 90’s, promoción de clubes de barrio, centros culturales, bibliotecas, en suma espacios comunitarios, y todo aquello que se requiera para incorporar a los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo. Todo ello en el ámbito correspondiente, que claramente no es un cuartel de ninguna fuerza de seguridad».

Considera que «la medida propuesta no solo trae consigo un manifiesto menosprecio a la tarea del cuerpo docente, sino que hace recaer en él inculpándolo de la propia falta del Estado Nacional de cumplir con su obligación de mantener escolarizados a los niños, niñas y adolescentes. Huelga referir, que su sola enunciación desoye y hace caso omiso al mandato legal que le impone la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la cual nuestro país es firmante, y que forma parte de nuestro “Bloque de Constitucionalidad”.

Concluye Suárez subrayando que «en suma, es dable elogiar el reconocimiento, aun tardío, de la problemática padecida por los aquellos jóvenes que quedan excluidos del sistema, no sin expresar el rechazo al modo encontrado para reconocer la propia falla de la política pública nacional, adoptando una figura que nada aporta al sistema educativo, al tiempo que no solo contribuirá a desnaturalizar a una de las fuerzas de seguridad de la Nación, sino que cimienta la desazón por el abandono de toda posibilidad de la adopción de una política pública activa de inclusión y promoción de derechos, por tanto ésta Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero insta al Organismo Nacional a reconsiderar la procedencia de su iniciativa».

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