Confirman procesamiento de empresario tucumano por cometer delitos ambientales

La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de un empresario citrícola por cometer delitos ambientales, contaminando la cuenca del río Salí – Dulce con hierro, arsénico, cobre y fenoles provenientes del tratamiento de los limones para la venta y exportación.

La Cámara Federal resolvió «no hacer lugar» al recurso de apelación deducido por la Defensa y , en consecuencia «confirmar» la resolución de fecha 30 de Noviembre de 2017 que dispone: I) rechazar la nulidad tentada por la defensa del encartado Padilla, II) dictar auto de procesamiento, sin prisión preventiva, en contra de Pablo José Padilla-titular de empaquetadora de cítricos-, por resultar presunto autor responsable del delito previsto y penado por el art. 55 de la ley 24.051, y III) trabar embargo en los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de $ 1.500.000. Se trata de la causa, sobre infracción a la Ley 24.051, Poder Judicial de la Nación, y se lo acusa del presunto vuelco de efluentes industriales provenientes del lavado de limón hacia un curso de agua.

Las actuaciones judiciales se inician con motivo de la denuncia formulada el 15 de enero de 2013, por María José Albo, ante el Fiscal Federal N° 1, en contra de autores desconocidos, por la presunta comisión del delito de contaminación ambiental en la zona de Villa Carmela, en la provincia de Tucumán.

Se delegó la investigación al Fiscal Federal, Dr. Antonio Gustavo Gómez, conforme al art. 196 bis del CPPN. Así encomendó a la Policía Federal Argentina que se contacte con la denunciante para que precise los lugares que estarían contaminados, de donde se pudo determinar la existencia de una empresa, dedicada a la industria y comercialización de alcohol etílico y varias fincas con plantaciones de citrus; razón por la cual se requirió se realice una investigación reservada con toma de muestras, a fin de determinar la naturaleza de los residuos, así como el destino dado a estos.

Se agrega informe de Gendarmería Nacional respecto de la inspección ocular y tomas fotográficas efectuadas en las inmediaciones donde reside la denunciante, María José Albo, de donde surge: que en la zona adyacente a la vivienda de la nombrada, a 150 mts. se aprecian sectores de plantaciones de limones y sembradíos de caña de azúcar; que el Bº Oeste II está rodeado de plantaciones de limones y caña de azúcar; y que los agroquímicos son productos para uso productivo y no urbano -según las distintas legislaciones provinciales a lo largo del país.

Asimismo, se dispuso oficiar al SIPROSA, a fin de que informe si las empresas Ex Citrícola Citral (actual propiedad de Citromax SACI), Citromax SACI y Padilla Pablo José -empaque de frutas cítricas-, dan cumplimiento con lo ordenado por la ley Provincial Nº 6291/91 de Agroquímicos, comunicando específicamente si dichas empresas están autorizadas para utilizar agroquímicos y realizar fumigaciones.

El Director de Agricultura de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos, informó que, en virtud de la Ley Nº 6291, la mencionada institución lleva el Registro Provincial de Plaguicidas y Agroquímicos, de Expendedores y de Aplicadores que realizan éste tipo de servicios por cuenta de terceros, no figurando en tales registros las empresas denunciadas en autos, pues no efectúan servicios a terceros. Asimismo, no existe en la referida entidad, denuncia sobre tales firmas respecto al posible daño por el uso de plaguicidas.

En tanto, Gendarmería Nacional comunica, en relación con la planta de empaque investigada, que se realizó la inspección ocular ambiental, de donde surgiría el vuelco de efluentes industriales provenientes del lavado de limón hacia un curso de agua. Dicho efluente es volcado sin tratamiento.

Asimismo se informó la no existencia de una cámara de toma de muestras y medidor de caudales, infringiendo lo establecido en resoluciones N° 963/99 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y N° 79.190/90 de Recursos Hídricos, art. 30. En el momento de la inspección no se constató ningún tipo de vuelco.

Según manifestaciones realizadas, a partir del mes de abril o mayo comienza la cosecha de limones y su posterior empaque para exportación. Se adjunta copia del certificado de inscripción de efluentes, a partir del 16/10/12 hasta el 30/04/13.

El gendarme Esteban Augusto Aybar Critto, manifestó, entre otras cosas, que en el caso del empaque de cítricos, al no haber una planta de tratamiento de los efluentes que son producto del lavado de limones, como el agregado de otros compuestos químicos, es evidente que los valores sobrepasan los límites permitidos por la Ley 24.051, ello teniendo en cuenta que la empresa lleva años instalada en el mismo lugar.

Se deduce recurso de apelación la defensa y presenta informe de agravios por escrito. Expresa que el juez instructor no hizo referencia alguna a la principal circunstancia sostenida en el planteo de nulidad formulado en autos, cuál era la omisión de citar a esa parte para la apertura de la muestra y cotejar las tareas periciales.

Destaca que, aun cuando pudiera haber alguna urgencia, nada obstaba a que en la misma acta en que se refiere haberle invitado a designar una persona para cotejar las tareas de pericia, se hubiera notificado para que concurra a la Estación Experimental al acto de apertura en hora determinada. Enuncia que es evidente el interés de esa parte en plantear la nulidad y el perjuicio producido, en tanto si hubiese podido controlar la apertura de muestras, sabría si las mediciones se correspondían con las tomadas en su establecimiento.

Agrega que no se previó que un oficial público o escribano confeccione un acta de apertura, consignando el detalle de las muestras, el respeto de la cadena de custodia, la individualización de cada una, etc., a pesar de que tal exigencia está prevista en el art. 258 del CPPN. a los fines de preservar el derecho de defensa (art. 18 CN.), por lo que solicita se declare la nulidad de la prueba pericial y los actos subsiguientes.

En relación al auto de procesamiento dispuesto, sin perjuicio de la nulidad planteada y aún tomando como hipótesis que las muestras peritadas sean verídicas, entiende que no ha existido contaminación.

Al respecto, indica que se tomó una muestra a la salida de su efluente, y luego se tomaron otras dos en la confluencia del canal por el que fluye el desagüe y el Canal Oeste (aguas arriba y aguas abajo) que se encuentran a casi un kilómetro del empaque y que, antes de confluir, pasa por barrios que le descargan basura y otros elementos que distorsionan la muestra

 Enuncia que del análisis químico surge que aguas arriba del Canal Oeste se encuentran excesos en varios valores, como fenoles y hierro, por lo que el resultado aguas abajo no debe atribuirse al vuelco de su establecimiento sino a lo que ocurre antes de su vuelco, y que viene de arriba. Puntualiza que la alteración de los valores en DQO del caudal que toma el Canal Oeste aguas abajo no se debe al aporte que le llega por el desagüe en el que vertía su establecimiento, sino del mismo canal aguas arriba, quedando claro que no es responsable por ninguna contaminación.

Remarca que durante su recorrido hasta llegar a la confluencia con el Canal Oeste, ante el escaso volumen del vuelco que se realiza, no existía posibilidad alguna de contaminar el ambiente, ni producir daño alguno a los pobladores de la zona, quienes no usan el canal de desagüe, ni está habitado por especie alguna, ni sometido o habilitado a tal uso.

Asevera que jamás tuvo conciencia de que volcar una cantidad de agua equivalente a una pileta de natación de una casa, cada quince días, con concentraciones menores de lavandina y bicarbonato, podrían dañar al ecosistema, siendo que tales componentes, en las cantidades aplicadas, jamás podían ser nocivos para la salud, demostrándose así la falta del dolo requerido por la figura imputada, por lo que, en todo caso, debe modificarse la imputación hacia la figura culposa prevista en el art. 56 de la ley 24.051. Advierte que en la sentencia cuestionada se omitió precisar cuál es el peligro a la salud pública que se habría creado.

Concluye indicando que el efluente proveniente de su establecimiento, por su escaso volumen y caudal, era absorbido en el tramo de su recorrido de 800 metros desde el punto de salida hasta llegar a ingresar al Canal Oeste, al punto que ni siquiera se han tomado muestras en el punto de ingreso al Canal porque no había efluente para recoger; y aun cuando hubiera llegado, y tal como surge de las muestras tomadas, al momento de confluir con el referido canal y circular aguas abajo, no registró valores en exceso por hierro, cobre, plomo, arsénico, etc., sino solamente en fenoles y DQO, lo cual no era imputable a él, sino a otros agentes que volcaban aguas arriba; razón por la cual no se ha puesto en peligro la salud pública, ni se incurrió en delito alguno. Por lo que solicita se revoque la resolución apelada.

Con carácter previo a resolver la cuestión traída a examen, este Tribunal entiende que corresponde efectuar las siguientes consideraciones: El Fiscal Federal, solicita se dispongan las correspondientes órdenes de allanamiento a las empresas citrícolas.

Gendarmería Nacional informa en relación a la planta de empaque de cítricos investigada en la denuncia, que no ejecuta ningún tipo de tratamiento en el sector de vuelco de efluentes, y que se realizaba el vuelco a la colectora directamente.

El Juez ordenó el allanamiento de la firma antes referida, a fin de realizar una inspección ocular y posterior toma de muestras de líquidos y sólidos, así como proceder al secuestro de agroquímicos o plaguicidas y de toda documentación referida a la materia ambiental. Se documenta el resultado del allanamiento practicado en la empresa de mención, habiéndose determinado un vuelco de efluentes específico, proveniente de los lavados de limones, desagüe pluvial y limpieza de empaques, el cual desemboca a un canal pluvial que está a 100 mts. del establecimiento, que continúa hasta el canal sur, culminando en el Río Salí.

Asimismo, se hace constar que al momento de la inspección el caudal era escaso, no siendo apto para la toma de muestras y que la firma no cuenta con cámara de toma de muestras ni medidor de caudales, no poseyendo tampoco el certificado de alta en sistema ambiental estipulado en el Art. 5 de la Ley 24.051.

Se practicó un nuevo allanamiento en la empresa en cuestión, accediendo a dicha petición el instructor a fin de realizar una inspección ocular tanto dentro como fuera de la empresa, y determinar exactamente los lugares específicos para la toma de las respectivas muestras.

El Jefe del Servicio de Policía Científica del Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional, Augusto Aybar Critto, informó que, de la inspección ambiental realizada en la planta objeto del allanamiento, se determinó un lugar específico para la toma de muestras, identificado como descarga final de efluentes industriales, provenientes de los lavados de limones, desagüe pluvial y limpieza de empaques; que dichos efluentes desembocan a un canal pluvial que se encuentra a 100 metros de la empresa aproximadamente, luego continua hasta unirse con el canal Oeste y posteriormente -altura parque Guillermina- se conecta con el Canal Sur y el mencionado culmina en el Río Salí; que una vez recolectadas las muestras provenientes de las canillas de descarga de los piletones de lavado del limón y todo otro fluido de uso para los diferentes procesos, los responsables de la firma mencionaron en alusión a la descarga de dichos piletones que la misma se realiza cada quince días, no observándose por personal de la fuerza de seguridad sectores de tratamiento de efluentes industriales, los que son descargados directamente al canal sin previo tratamiento.

Resulta de gran relevancia el informe vertido por el Dr. Alfredo Córdoba, médico toxicólogo de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina. Habiéndosele requerido su postura en relación con los resultados remitidos por la Estación Experimental y el informe de Gendarmería Nacional indicó que, en dichos informes, se encuentran alterados los valores de hierro, arsénico, cobre y fenoles, detallando luego los efectos de dichas sustancias sobre el ser humano.

Así las cosas, se  considera que se encuentra acreditado el elemento objetivo requerido por la figura penal  imputada (art. 55 de la ley 24.051), que consiste en el nexo de causalidad existente entre el vuelco de sustancias contaminantes y la contaminación, es decir, que la contaminación se habría producido como consecuencia de los efluentes industriales líquidos no tratados vertidos por la firma investigada (a la fecha de los hechos no se poseía planta de tratamiento de efluentes, conforme declaración de la Dra. Susana B. Meoni), existiendo un nexo de imputación objetiva del resultado típico, pues se crea un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado, siendo el resultado la realización de ese mismo peligro.

De igual manera, el elemento subjetivo de la figura imputada se encontraría demostrada a partir de los propios dichos del imputado, quien afirmó que ha realizado las inscripciones correspondientes ante la Secretaría de Medio Ambiente y que posee el permiso de vuelco de efluentes, y a pesar de ello, se detectaron niveles no permitidos de contaminación.

Firman la resolución el Dr. Ricardo Mario San Juan, Juez de Cámara; Marina Cossio, Jueza de Cámara; Jorge Enrique David, Conjuez de Cámara y Hernán Eduardo Frías Silva, Conjuez de Cámara.

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