El Dr. Juan Storniolo defendió su fallo y explicó por qué considera inconstitucional la ley provincial 7.275 – PRENSA SANTIAGO
16 octubre, 2020

El Dr. Juan Storniolo defendió su fallo y explicó por qué considera inconstitucional la ley provincial 7.275

El magistrado ratificó su postura, cuestionada por diversos sectores.

El Dr. Juan Carlos Storniolo, juez de la Cámara de Juicio Oral en lo Penal de la provincia, emitió un fallo el martes, haciendo lugar a un hábeas corpus presentado por la defensa de un hombre acusado de abuso sexual. En su voto, el magistrado también declaró inconstitucional la ley provincial 7.255, que modifica un artículo del Código de Procedimiento Penal de la provincia, que señala que en los casos de violencia de género no son procedentes los pedidos de eximición de prisión a favor de los denunciados.

Por su fallo, el Dr. Storniolo fue cuestionado y una de las voces que se alzó fue la de la Dra. Ana Cecilia Sampaolesi, abogada feminista, integrante de la comisión Entre Nosotras, de la Fundación Yaku Sumaq, que consideró que el voto del magistrado, significaba un “retroceso a los avances de las políticas de género”.

Storniolo aclaró algunos aspectos de su resolución y explicó su razonamiento para elaborar su fallo.

“No es como dice la Dra. Sampaolesi. Acepto la crítica a mi voto, a mi fallo, porque los seres humanos podemos equivocarnos. Pero lo hice con mi absoluta convicción y no es como ella lo dice, que sea un fallo que va en contra de la violencia de género”, comenzó diciendo.

“En el considerando 24 me refiero a la violencia de género, y considero que hay una necesidad imperiosa de erradicar la violencia de género en Santiago del Estero, en el país y en el mundo. Dejo bien en claro que no se trata de ir en contra de las políticas públicas de esa problemática”.

“Lo que cuestiono de la ley (7.275), es la metodología. Ellos dicen que mi voto va en contra de sus políticas, sólo cuestiono que el criterio que el legislador ha utilizado para hacer la norma, ‘en ningún caso procederá la eximición de prisión cuando se trate de violencia de género o determinados delitos que superen determinados montos de la pena (8 años de prisión o más)’ Art. 192, están anulando un derecho y garantías constitucionales que los ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en muchos fallos, que en mi voto hay seis o siete fallos citados, que dicen que la eximición y la excarcelación son garantías constitucionales”.

“Al ser garantías constitucionales no pueden ser cercenadas por leyes que reglamenten su ejercicio”, remarcó.

“En este caso, esta ley, con esta fórmula, le está negando la posibilidad a un denunciado de pedir eximición de prisión porque se trata de determinado delito”.

“Lo que planteo, la inconstitucionalidad, se centra en que el legislador, al decir ‘ningún caso’, quiere decir que ningún abogado o ciudadano puede presentar una eximición de prisión por un denunciado, y entonces sólo puede ir preso”.

“La Corte Interamericana, en algunos fallos, también citados en el voto al menos 15 fallos, expresa que la prisión preventiva o detención como vulgarmente la llamamos, deben ser utilizadas como última medida. El juez no debe usarla como la primera. Debe usar medidas alternativas”.

“El Art. 177 del Código Procesal Penal de la Nación sigue las pautas de la Corte Interamericana y también la Comisión Interamericana en el tema de la prisión preventiva para las Américas en el 2013: la prisión preventiva debe ser la última instancia”.

“La ley provincial, lo primero que dice es que vaya preso. A nivel nacional hay 11 medidas antes que la detención, que no tuvo en cuenta el legislador”, agregó.

“Además, cuando se presenta una eximición de prisión, se deben tener en cuenta dos cosas: la gravedad del delito y los peligros procesales. Esto lo dijo el Tribunal de Casación Penal de la Nación”.

“Los peligros son la posibilidad de que se dé a la fuga o el entorpecimiento de la investigación”, precisó.

“Si el legislador me dice ‘en ningún caso se puede presentar la eximición de prisión’, el legislador ocupa el lugar de juez. Lo está privando (al acusado) del derecho de la libertad, de la defensa en juicio y del principio de inocencia”.

“Pueden cuestionar mi fallo, yo acepto la crítica, pero este es mi razonamiento. Dicen que yo no pienso en la víctima. Yo, como juez, tengo la responsabilidad de garantizar los derechos de todos”.

“Por otro lado, el legislador se está convirtiendo en juez. El legislador tiene que dictar una fórmula genérica, pero que no obstaculice a los jueces el análisis de las cuestiones a tratar”, concluyó.

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