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Desde ADPRA rechazaron la nueva reglamentación la Ley de Acceso a la Información Pública

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina advirtió que la iniciativa del Gobierno “obstaculiza el uso de la herramienta y acota de manera grosera los datos que están obligadas a suministrar las personas en ejercicio de funciones públicas”.

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) hizo público su rechazo a la nueva reglamentación la Ley de Acceso a la Información Pública propuesta por el Gobierno que conduce el Presidente, Javier Milei.

Según consideraron en un comunicado, esta medida “obstaculiza el uso de la herramienta y acota de manera grosera los datos que están obligadas a suministrar las personas en ejercicio de funciones públicas”.

“La Asociación califica de regresiva a la definición de información pública contenida en la iniciativa oficial y cuestiona la inclusión de nuevos requisitos para la presentación de pedidos por parte de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil”, advirtieron.

En ese sentido, explicaron que “el Decreto implica una injerencia indebida sobre las competencias de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, que debilita su carácter autárquico y su autonomía funcional”.

“Los Defensores y las Defensoras del Pueblo solicitan a las autoridades nacionales que revean su decisión, dado que resulta preocupante, en términos institucionales, que se avance en dirección de limitar un derecho que es fundamental y que sirve de sustento al funcionamiento de las sociedades libres y democráticas”, sentenciaron.

Este descontento también se reflejó en otras organizaciones que cuestionaron el decreto del ejecutivo. Entre ellas destacan la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el Directorio Legislativo, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Fundación Poder Ciudadano.

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