El gobernador Elías Suárez implementa medidas de control del gasto público

A través de un decreto, se establecen restricciones en contrataciones, horas extras y obras públicas, buscando optimizar los recursos y garantizar la eficiencia del Estado provincial.

Mediante un decreto firmado en el día de la fecha, el gobernador de la Provincia, Elías Suárez, dispuso la aplicación de un amplio paquete de medidas de control y contención del gasto público que deberán ser cumplidas por la Jefatura de Gabinete, ministerios, secretarías de Estado, organismos centralizados, descentralizados y autárquicos, así como también por empresas y sociedades del Estado.

Entre las disposiciones centrales, se establece por un plazo de 12 meses la prohibición de celebrar contratos de recursos humanos, cualquiera sea su modalidad y origen de financiamiento, incluyendo aquellos con fondos nacionales o internacionales. La restricción alcanza a la cobertura de cargos vacantes, designaciones interinas, autoridades superiores, funcionarios no escalafonados y personal jerárquico. Asimismo, se prohíbe la designación o contratación de personas jubiladas, con excepción de los cargos de ministro y secretario.

El decreto también dispone la prohibición de otorgar nuevas horas extras, bonificaciones o incentivos de cualquier naturaleza al personal del sector público. Las renovaciones quedarán centralizadas en el jefe de Gabinete, ministros y secretarios de Estado, mientras que los entes autárquicos y descentralizados deberán gestionar las autorizaciones a través del ministerio correspondiente.

Otra de las medidas incluye la prohibición de alquilar vehículos y maquinarias, así como de celebrar o renovar convenios con organismos o entidades públicas o privadas que impliquen erogaciones para el Estado provincial. Además, se establece que cualquier trámite que implique aumento de partidas presupuestarias deberá contar con autorización previa de la máxima autoridad de cada jurisdicción y una justificación expresa.

En materia de viáticos, se resolvió centralizar su autorización en las máximas autoridades del Ejecutivo, priorizando la realización de reuniones y encuentros de trabajo en modalidad virtual. También se determinó que la renovación de Fondos Permanentes solo podrá autorizarse una vez por mes, junto con restricciones en el uso de partidas destinadas a promoción, propaganda o difusión oficial.

El decreto prevé además límites y controles en las transferencias y asistencias discrecionales a municipalidades y comisiones municipales, y establece que la contratación de nueva obra pública y la continuidad de trámites no adjudicados serán evaluadas por el Poder Ejecutivo. Quedan exceptuadas las obras y contrataciones indispensables para servicios esenciales como educación, salud, agua y seguridad, o aquellas consideradas prioritarias.

Asimismo, se impulsa la implementación de un Régimen Especial para el otorgamiento, rendición y control de subsidios, el control del uso de fondos nacionales o internacionales, la reducción de gastos protocolares, el uso eficiente de vehículos oficiales y la adopción de medidas estrictas de ahorro energético en edificios públicos.

En su articulado, el decreto instruye a los titulares de cada jurisdicción a modernizar sus estructuras organizativas y optimizar la asignación de recursos, asignando responsabilidad directa a jefes de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y directores de administración por el cumplimiento de las medidas. El incumplimiento podrá ser considerado falta grave y derivar en la instrucción de sumarios administrativos.

La norma tendrá una vigencia de 13 meses, aunque el Poder Ejecutivo se reserva la facultad de dejar sin efecto total o parcialmente las disposiciones si cesan las causas que motivaron su implementación. El decreto lleva también las firmas del jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, y de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill.