Jinto Acosta denunció un “desmantelamiento” de la Municipalidad de Los Telares y pidió una auditoría urgente

(NUEVO DIARIO) Este viernes se constituirán en Los Telares, para realizar auditorías, funcionarios de la Dirección de Municipalidades y del Ministerio de Gobierno. El intendente electo indicó que será necesario realizar un inventario presencial para determinar con exactitud qué bienes permanecen en el edificio y cuáles fueron retirados. “Estamos trabajando para que el municipio no sea desmantelado. Tenemos el acompañamiento del Gobierno provincial y vamos a pelear por el resguardo de las cosas públicas. El patrimonio municipal es del pueblo y tenemos la obligación de defenderlo”, afirmó.

El intendente electo afirmó que, después de la derrota del oficialismo, comenzaron a retirarse muebles, reflectores, equipamiento sanitario, materiales para obras y otros bienes de distintas dependencias municipales. Confirmó que presentó una denuncia penal y solicitó la intervención de la Dirección General de Municipalidades.

El intendente electo de Los Telares, Dr. Jinto Acosta, formuló graves acusaciones contra la administración municipal saliente y denunció que, luego de conocerse el resultado de las elecciones del domingo 2 de agosto, habría comenzado un proceso de desmantelamiento de edificios, vehículos y espacios públicos pertenecientes a la comunidad.

Acosta, candidato del Partido Autonomista, se impuso con el 48,95 % de los votos frente a José Araujo, del Frente Encuentro Cívico, quien obtuvo el 45,98 %.

En declaraciones a Nuevo Diario, el futuro jefe comunal relacionó directamente los movimientos denunciados con la derrota electoral del oficialismo.

“Pareciera que la señora intendenta y su esposo, que era el candidato, no han asumido la derrota y se han tomado las cosas como algo particular. Desde el martes comenzaron a desmantelar distintas dependencias”, sostuvo Acosta.

Reflectores, farolas y mobiliario

El intendente electo aseguró que uno de los primeros lugares afectados habría sido el polideportivo municipal, inaugurado el año pasado con la presencia de autoridades provinciales.

Según detalló, del predio se habrían retirado farolas y reflectores. También denunció movimientos en la oficina de Turismo, donde, de acuerdo con su testimonio, fueron extraídos los muebles existentes y reemplazados por “un escritorio viejo y dos sillas viejas”.

Acosta agregó que también fueron retiradas banquetas y bancos instalados en el paseo de los artesanos, además de elementos pertenecientes a otros espacios públicos.

La denuncia alcanza incluso a la plazoleta de los Héroes de Malvinas, de donde presuntamente habrían sacado carteles, y a la plaza principal de la ciudad.

“Han sacado hasta un mástil de la plaza. Es grave, muy grave”, remarcó.

Denuncias sobre el Centro de Salud

Otro de los puntos centrales de las declaraciones fue la situación del Servicio Integral Comunitario —SIC—, donde funciona un centro de atención sanitaria.

Acosta afirmó que el establecimiento también habría sido desmantelado y señaló que allí existían sillones odontológicos, equipamiento para la atención de pacientes y distintos elementos vinculados con los servicios de salud.

“Mañana tenemos que corroborar todo cuando venga la gente de la Dirección de Municipalidades y del Ministerio de Gobierno, porque allí había sillones ortopédicos, equipamiento odontológico y diferentes elementos para la atención”, explicó.

Las acusaciones deberán ser verificadas mediante el relevamiento solicitado y la correspondiente investigación administrativa y judicial.

Traslado de tubos hacia Sumampa

Acosta también denunció el traslado de tubos de hormigón fabricados por el municipio hacia un predio de la Dirección Provincial de Vialidad ubicado en Sumampa.

Según sostuvo, en las operaciones habrían participado camiones de las municipalidades de Los Telares y Sumampa.

El intendente electo estimó que se realizaron alrededor de ocho viajes, con una carga aproximada de ocho tubos por traslado, por lo que calculó que unos cincuenta tubos podrían haber sido sacados del municipio.

“No sé qué arreglo existe ni cuál es el motivo. Son tubos de hormigón que se fabricaban aquí, con máquinas del municipio. También tendremos que verificar que esas máquinas continúen en su lugar”, manifestó.

Acosta aclaró que desconoce si los traslados cuentan con documentación, convenios institucionales o autorizaciones administrativas, cuestión que deberá determinarse durante la auditoría.

Vehículos y oficinas municipales

El dirigente del Partido Autonomista afirmó que también se habrían producido movimientos sobre vehículos oficiales.

Concretamente, denunció que se estarían retirando neumáticos nuevos de los camiones municipales para reemplazarlos por cubiertas usadas.

Además, aseguró que las oficinas centrales del municipio estarían siendo desmanteladas mediante el retiro de escritorios, mesas, sillas y otros elementos.

La situación adquiere especial gravedad debido a que el actual Palacio Municipal fue inaugurado en 2024 y cuenta con instalaciones y equipamiento relativamente nuevos.

“No me están dejando ni una silla. Parece que quisieran que comencemos de cero, como si el municipio fuera una empresa particular de ellos”, cuestionó Acosta.

Denuncia penal contra la intendenta

Ante estos hechos, el intendente electo confirmó que presentó una denuncia penal contra la actual jefa comunal y que informó personalmente de la situación al gobernador de la provincia.

Según relató, el mandatario provincial le recomendó realizar inmediatamente la presentación correspondiente y remitirle una copia de la denuncia.

“Apenas le escribí al gobernador, me pidió que fuera a denunciar y que le enviara la denuncia. Pensábamos que con eso iban a detenerse, pero hicieron caso omiso y continuaron con el desmantelamiento”, aseguró.

Acosta solicitó formalmente la intervención de la Dirección General de Municipalidades y pidió que una comisión integrada por funcionarios, abogados y escribanos se traslade hasta Los Telares para realizar una auditoría e inventariar el patrimonio.

“Pedí que vengan con escribano y abogado para hacer una auditoría, porque estoy preocupado por los bienes del municipio. Esas cosas no pertenecen a ninguna persona en particular: fueron compradas con plata del pueblo”, enfatizó.

Despidos y situación de los empleados

El intendente electo también se refirió a la situación laboral dentro del municipio. Afirmó que más de ochenta personas incorporadas durante el período electoral habrían sido desvinculadas después de los comicios.

De acuerdo con Acosta, esas contrataciones se produjeron aproximadamente un mes antes de las elecciones y generaron falsas expectativas de continuidad laboral.

También denunció que empleados con seis o siete años de antigüedad habrían sido despedidos por haber acompañado políticamente a su espacio.

El futuro jefe comunal estimó que la Municipalidad llegó a contar con alrededor de 240 trabajadores después de las últimas incorporaciones, una cifra que, según consideró, condicionaría los recursos provenientes de la coparticipación.

No obstante, llevó tranquilidad a los empleados municipales y garantizó la continuidad de quienes forman parte legítimamente del plantel.

“Nosotros garantizamos el puesto de trabajo a todos los empleados municipales. No venimos a perseguir a nadie. Vamos a trabajar con responsabilidad, humildad y respeto”, expresó.

“Los bienes pertenecen al pueblo”

Acosta interpretó que lo ocurrido constituye una reacción política frente a la derrota electoral y sostuvo que el oficialismo saliente no habría aceptado la decisión de los vecinos.

“Han tomado al municipio como algo particular. Les duele haber perdido frente a una campaña humilde, sin una estructura económica ni política semejante a la que ellos tenían. Pero la gente quería un cambio”, afirmó.

El intendente electo señaló que su triunfo generó una sensación de alivio entre numerosos habitantes y aseguró que la comunidad espera una nueva etapa institucional.

Finalmente, transmitió tranquilidad a los trabajadores, vecinos de Los Telares y pobladores de las zonas rurales del departamento Salavina.

La gravedad de las acusaciones obliga ahora a que las autoridades competentes realicen un inventario completo, determinen el destino de los bienes señalados y establezcan si los traslados denunciados fueron efectuados con la correspondiente autorización administrativa.

Hasta que la auditoría y la investigación judicial produzcan resultados, los hechos expuestos corresponden a la denuncia formulada por el intendente electo y deberán ser corroborados por los organismos intervinientes.