16.10.26. El magistrado, Dr. Diego Vittar, al confirmar que fue recusado, no resolvió la libertad de las tres mujeres detenidas preventivamente. La defensora oficial Ana Silvia Geréz denunció presuntas irregularidades en la investigación, cuestionó las pruebas que sustentan las detenciones y pidió la excarcelación de la madre, la tía y la abuela del menor. También reveló información sobre el lugar donde se encontraría el niño. La audiencia estuvo marcada por fuertes cruces con el Ministerio Público Fiscal y terminó con el apartamiento del juez Diego Vittar, tras una recusación presentada por la defensa de las imputadas.
El caso del niño de Termas de Río Hondo, cuya investigación por presunto abuso sexual con acceso carnal (de tres mujeres) y corrupción de menores mantiene detenidas a tres integrantes de su familia materna, sumó un nuevo y controvertido capítulo judicial.
Este miércoles 14 de octubre se realizó en el Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo la audiencia promovida por la defensora oficial del Ministerio Pupilar, Dra. Ana Silvia Geréz, mediante una presentación de hábeas corpus que derivó en planteos de nulidad y en un pedido de excarcelación extraordinaria para las tres mujeres detenidas.
La audiencia comenzó a las 10.18, bajo la presidencia del juez de Control y Garantías, Dr. Diego Vittar, con la intervención del fiscal Gustavo Montenegro y la defensora Geréz.
Sin embargo, lo que debía constituir una instancia para resolver los planteos vinculados con la libertad de las imputadas terminó convirtiéndose en un escenario de duros cuestionamientos institucionales, acusaciones de irregularidades procesales y controversias sobre la actuación de funcionarios judiciales.
El niño estaría en Mar del Plata, pero la defensora pidió acreditar oficialmente su paradero
Una de las revelaciones más relevantes surgió cuando Geréz explicó que había presentado tres pedidos de pronto despacho ante la falta de información sobre la ubicación del menor.
Según manifestó durante la audiencia, finalmente pudo conocer que el niño se encontraría en la ciudad de Mar del Plata, en el domicilio de su abuela paterna, aunque sostuvo que persistían dudas sobre si permanecía efectivamente bajo el cuidado de ella o de su padre, Rodolfo Alonso.
Por esa razón, solicitó que se libre un oficio urgente para que se informe y acredite documentalmente el paradero real y actual del niño.
La funcionaria cuestionó que el Ministerio Pupilar, organismo encargado de velar por los derechos de los menores, no hubiera recibido oportunamente información sobre su situación.
También puso de manifiesto su preocupación por la posibilidad de que el niño no regrese a su centro de vida en Termas de Río Hondo.
En ese contexto, sostuvo que el conflicto tendría su origen en una disputa por la guarda del menor y consideró necesaria la intervención de la Justicia de Familia, sin perjuicio de la continuidad de la investigación penal.
Pidieron la libertad de la madre, la tía y la abuela: cuestionan los fundamentos de las detenciones
Otro de los ejes centrales fue el pedido de excarcelación extraordinaria de Olga Vanesa Jiménez, Maira Alejandra Jiménez y Olga Petrona Coronel, quienes permanecen imputadas en la investigación por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores.
Geréz sostuvo que no existirían actualmente riesgos procesales concretos que justifiquen mantener las prisiones preventivas.
Argumentó que las imputadas poseen arraigo en la provincia, que no se habría demostrado peligro de fuga ni posibilidad de entorpecer la investigación y que los dispositivos electrónicos secuestrados se encuentran bajo custodia de los organismos encargados de efectuar las pericias.
Además, cuestionó que se utilice la demora en los estudios tecnológicos de los teléfonos celulares como argumento para prolongar las detenciones.
Como alternativa, propuso medidas de control judicial, entre ellas presentaciones periódicas ante la Oficina de Medidas Alternativas, restricciones para salir de la provincia y la obligación de informar los desplazamientos.
La defensora también señaló una supuesta desigualdad procesal al cuestionar que uno de los hombres inicialmente involucrados en las actuaciones haya recuperado la libertad, mientras las tres mujeres permanecen detenidas.
En ese marco, invocó garantías constitucionales, perspectiva de género y tratados internacionales de derechos humanos.
La dramática situación de la abuela materna y el impacto familiar de las detenciones
La audiencia también expuso una situación familiar delicada, con la abuela del menor hospitalizada en Terapia Intensiva, inconciente y en estado reservado.
Geréz informó que una integrante de la familia materna habría sufrido un infarto y se encontraría internada en grave estado de salud en un sanatorio de Santiago del Estero.
Según relató, la emergencia médica agravó la vulnerabilidad de las imputadas y de su entorno familiar, conociéndose que la madre del menor intentó suicidarse..
También indicó que las mujeres perdieron sus fuentes laborales, atraviesan dificultades económicas y que una de ellas padece diabetes.
La defensora pidió que estas circunstancias sean consideradas al resolver las excarcelaciones extraordinarias, insistiendo en que las medidas alternativas permitirían garantizar la continuidad de la investigación sin mantenerlas privadas de su libertad.
Cuestionamientos a la Cámara Gesell y a los informes médicos del menor
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo al debatirse la validez de las pruebas incorporadas al expediente.
Geréz reiteró su planteo de nulidad de la Cámara Gesell realizada al niño y cuestionó que la diligencia se hubiera prolongado aproximadamente dos horas y quince minutos.
La funcionaria sostuvo que no se habría garantizado adecuadamente la contención del menor y rechazó que su participación en el procedimiento implicara convalidar la actuación.
También solicitó la nulidad absoluta de los informes médicos practicados en Santiago del Estero, al considerar que no se habrían observado los protocolos correspondientes.
A ello sumó cuestionamientos a la fundamentación de los allanamientos y las órdenes de detención.
La defensora hizo referencia a documentación médica que, según afirmó, no habría sido oportunamente entregada, entre ella el primer informe del profesional que examinó al niño y una historia clínica del Hospital de Añatuya.
Desde el Ministerio Público Fiscal, Montenegro rechazó estos cuestionamientos.
El fiscal sostuvo que el pedido de nulidad de la Cámara Gesell ya había recibido una respuesta judicial desfavorable y que correspondía utilizar las vías recursivas pertinentes.
También advirtió que una eventual anulación de esa declaración podría obligar a convocar nuevamente al niño, con el consiguiente riesgo de revictimización.
Una declaración bajo cuestionamiento y posibles hechos vinculados con material de abuso sexual infantil
Otro punto significativo surgió cuando Geréz reclamó que se analizara la declaración de una mujer identificada como Candela Medina.
Según la defensora, ese testimonio contendría referencias a posibles hechos vinculados con material de abuso sexual infantil que deberían ser examinados y, en su caso, puestos en conocimiento de la Justicia Federal.
La funcionaria cuestionó que esa información, junto con otros elementos probatorios, no hubiera recibido el tratamiento que consideraba correspondiente.
Estas manifestaciones constituyen planteos de la defensora durante la audiencia y no implican que se haya acreditado judicialmente la existencia de esos hechos.
El juez Vittar cuestionó la actuación de la fiscal Pérez Vincens
La audiencia comenzó, además, con un episodio institucional de especial relevancia.
Se abordó la suspensión de la audiencia prevista para el día anterior, situación vinculada con la intervención de la fiscal Pérez Vincens.
Durante ese intercambio se cuestionó la falta de realización de una medida considerada urgente y se hicieron referencias al trato que habrían recibido empleados de la Oficina de Gestión de Audiencias.
Según consta en el acta, el magistrado expresó su malestar por lo sucedido y señaló que la naturaleza urgente del planteo exigía una respuesta oportuna.
Incluso advirtió, en términos generales, que determinadas conductas de funcionarios podrían llegar a suscitar interrogantes sobre el cumplimiento de sus deberes, aunque aclaró expresamente que no pretendía transformar lo ocurrido en una cuestión penal.
También instó a los integrantes del sistema judicial a mantener un trato respetuoso y a garantizar el funcionamiento adecuado del servicio de Justicia.
Por su parte, Montenegro rechazó las acusaciones de presunto ocultamiento de evidencias y cuestionó las manifestaciones dirigidas contra Pérez Vincens, al sostener que las defensas habían tenido acceso al expediente.
Geréz anunció su apartamiento de la causa y cuestionó la actuación fiscal
En otro tramo de su exposición, la defensora informó que dejaría de intervenir en el expediente por disposición del Defensor General, quien ya había designado a otro profesional para continuar con la representación.
Antes de finalizar su intervención, reiteró que, a su criterio, se habían producido irregularidades que debían ser subsanadas.
También sostuvo que distintas declaraciones incorporadas al legajo respaldarían la conducta de las imputadas y negarían su participación en los supuestos rituales satánicos mencionados durante la investigación.
Geréz afirmó que las acusaciones habrían sido impulsadas por el padre del menor en el contexto de la disputa por su guarda. Se trata de una interpretación expresada por la funcionaria y no de una conclusión judicial acreditada.
Asimismo, pidió que se continúe investigando y que se examine la competencia de los órganos judiciales intervinientes.
La recusación del juez dejó la audiencia sin una resolución sobre las libertades
Cuando la discusión parecía encaminarse hacia el tratamiento de los planteos pendientes, Geréz informó que había tomado conocimiento de una recusación presentada por la defensa de las imputadas contra el juez Diego Vittar.
El magistrado manifestó inicialmente que desconocía esa presentación y propuso continuar con la audiencia para luego examinarla.
Sin embargo, los intercambios posteriores entre los intervinientes derivaron en una discusión que dificultó el desarrollo del acto, por lo que el juez dispuso un cuarto intermedio.
Posteriormente, al tomar conocimiento formal de la recusación, Vittar dejó constancia de que no podía continuar interviniendo y ordenó remitir todas las actuaciones a su subrogante legal.
De esta manera, la audiencia concluyó sin que se resolvieran de fondo los pedidos de excarcelación extraordinaria y los planteos de nulidad debatidos.
Una investigación cada vez más compleja
El caso continúa atravesado por una investigación penal de extrema gravedad, una disputa sobre la guarda y el lugar de residencia del menor, cuestionamientos a las pruebas médicas y testimoniales y fuertes tensiones entre los organismos que intervienen en el expediente.
La audiencia del 14 de octubre dejó al descubierto la profundidad del enfrentamiento procesal, pero no produjo una definición sobre la situación de las tres mujeres detenidas.
Ahora, el expediente deberá continuar ante el magistrado que corresponda conforme al régimen de subrogancias, mientras permanecen pendientes las decisiones sobre los planteos formulados y las medidas necesarias para garantizar los derechos del niño.
La principal incógnita judicial sigue siendo cuándo y de qué manera se resolverá la situación de las detenidas, al tiempo que continúa la investigación de los hechos denunciados y se reclama información oficial y verificable sobre la situación actual del menor.
