Caso Fürth: allanamientos, una detenida y una denuncia del exgerente abren un nuevo frente en la investigación
Gerardo Caro solicitó que se investiguen presuntos vínculos entre el exjefe de Ventas Matías Llado, el accionista José Figueroa y el auditor Víctor Hugo Panichelli. La presentación podría ampliar el objeto de una causa que este jueves sumó tres procedimientos, el secuestro de teléfonos y la detención de una empleada.
La investigación por la presunta defraudación millonaria vinculada con la concesionaria Fürth Automotores tomó un nuevo giro. Mientras el Ministerio Público Fiscal profundiza las medidas para reconstruir el circuito de comercialización de vehículos y el destino del dinero entregado por los clientes, el exgerente general de la firma, Gerardo Caro, presentó una denuncia para que se abra una nueva línea investigativa.
El planteo fue realizado después de los tres allanamientos simultáneos ordenados este jueves 6 de agosto por los fiscales Diego Cortés y Victoria Ledesma. Los procedimientos se concretaron en el domicilio de Caro, en el barrio Santa Clara de La Banda; en la vivienda de Graciela Moyano, cajera de la empresa, situada en el barrio Siglo XXI; y en la sede de Fürth Automotores, sobre avenida Libertad de la ciudad Capital.
Durante los operativos fueron secuestrados teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa. En la concesionaria también se hizo efectiva la detención de Moyano y se incautó su dispositivo móvil, cuyo contenido será sometido a las correspondientes pericias.
La Fiscalía informó que la investigación se encuentra activa desde el 15 de julio y recordó que el 17 de ese mes ya se habían realizado otros tres allanamientos, en los que fueron secuestrados dispositivos pertenecientes a empleados de la firma. Paralelamente, se solicitaron informes bancarios sobre los movimientos de los principales investigados, entre ellos Matías Llado, quien se desempeñaba como jefe de Ventas.
Caro pidió investigar al auditor y a los responsables de la empresa
En este contexto, Gerardo Caro se presentó ante la Fiscalía de turno y solicitó que se investiguen las posibles responsabilidades de Llado; de José Figueroa, accionista de Fürth Automotores y tío del exjefe de Ventas; y del auditor externo Víctor Hugo Panichelli, quien habría llegado desde Buenos Aires para revisar la situación administrativa y comercial de la concesionaria.
La denuncia requiere que se determine si existieron conductas que pudieran encuadrarse, eventualmente, en los delitos de administración fraudulenta, estafa, encubrimiento y asociación ilícita, en perjuicio de la empresa, de los clientes damnificados y del propio exgerente.
Caro sostiene que la Justicia no debería limitar la pesquisa a las operaciones atribuidas inicialmente al área de Ventas, sino avanzar también sobre las relaciones comerciales, familiares y empresariales existentes entre quienes tenían responsabilidades de dirección, control y auditoría dentro de la firma.
Según el escrito, Panichelli no habría actuado con la objetividad e independencia esperadas durante la auditoría interna. El denunciante afirma que el profesional mantendría vinculaciones comerciales previas con José Figueroa y menciona supuestas intervenciones en procesos relacionados con el Banco Platense y La Nueva Automotores S.A.
Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis presentada por Caro y deberán ser corroboradas o descartadas mediante la incorporación de documentación, informes societarios, antecedentes comerciales, registros de comunicaciones y movimientos bancarios. Hasta el momento, no constituyen hechos acreditados judicialmente.
El desplazamiento del exgerente, bajo la lupa
Otro de los puntos centrales de la presentación es el apartamiento de Caro de la gerencia general. El exdirectivo afirma que fue él quien detectó las primeras irregularidades e impulsó la denuncia original, pero que posteriormente habría encontrado resistencia para incorporar nuevos casos y documentación a la investigación interna.
En su planteo, sostiene que su desplazamiento habría tenido como finalidad frenar o limitar las averiguaciones que había iniciado dentro de la concesionaria. También asegura que existían operaciones en las que clientes habrían entregado dinero directamente a Llado sin que los pagos quedaran correctamente registrados en el sistema contable de la empresa.
La nueva denuncia modifica el escenario inicial del expediente: Caro pasó de ser quien promovió la investigación interna a quedar alcanzado por allanamientos y pedidos de detención, uno de los cuales fue rechazado por la jueza de Control y Garantías María del Huerto Bravo Suárez por considerar que, hasta ese momento, los elementos reunidos resultaban insuficientes. Otro planteo formulado por la querella permanecía bajo análisis judicial.
Una causa con múltiples frentes
La investigación original busca determinar si existió una maniobra mediante la cual se habrían entregado vehículos cero kilómetro sin su correspondiente registración o se habrían desviado pagos efectuados por compradores que nunca ingresaron formalmente a las cuentas de la concesionaria.
El perjuicio fue estimado preliminarmente en más de 300 millones de pesos, aunque el monto definitivo dependerá de las auditorías, las pericias contables, los informes bancarios y el análisis de la evidencia digital secuestrada. La Fiscalía ya había anticipado que la pesquisa no se limitaría a una sola persona y que podían producirse nuevas imputaciones y procedimientos.
Ahora, la denuncia de Caro introduce una hipótesis diferente: la posible existencia de intereses convergentes entre integrantes de la estructura comercial, accionistas y responsables de la auditoría interna.
Será la Justicia la que deberá establecer si el planteo cuenta con respaldo probatorio suficiente para ser incorporado al expediente principal o investigado en una causa independiente. Mientras tanto, el secuestro de teléfonos, los informes bancarios, las declaraciones de empleados y clientes y la detención de la cajera aparecen como piezas centrales para reconstruir una trama que continúa ampliándose.
Todas las personas mencionadas permanecen amparadas por el principio constitucional de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme.
