Discapacitados: Se procura la intervención de la Corte Suprema intervenga tras la revocación de la cautelar que restituyó en todo el país los beneficios
13.03.26 La disputa judicial por las pensiones por discapacidad ingresó en una nueva etapa tras la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán de revocar la medida cautelar que había ordenado restituir los beneficios suspendidos por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Daniel Escobar Correa, en diálogo en el Stream «La Editorial», con Luis Fernando Lagar y Luis «Charly» Carabajal, que se emite de lunes a viernes de 8,30 a 12,00 hs-, reveló que hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no se expida sobre la admisibilidad, los beneficios para los discapacitados tienen continuidad, salvo medie revocatoria del máximo tribunal.
La acción judicial había sido iniciada por organizaciones sociales de distintas provincias con patrocinio de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero y otras instituciones, en defensa de miles de beneficiarios afectados por revisiones administrativas impulsadas por el Gobierno nacional.
El proceso quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca, que dictó una medida cautelar favorable y luego una sentencia de fondo que ordenaba restituir las pensiones.
Sin embargo, tras la apelación del Estado nacional, la Cámara Federal de Tucumán revocó la cautelar. Frente a esa decisión, las organizaciones y la Defensoría presentaron un recurso extraordinario federal para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Qué ocurre con los beneficiarios
Según explicó el Defensor del Pueblo, mientras la Cámara evalúa la admisibilidad del recurso extraordinario, la medida cautelar sigue vigente, por lo que los beneficios continúan pagándose.
“El recurso está pendiente de resolución. Mientras tanto, la cautelar subsiste y los derechos de los beneficiarios no caen”, aclaró.
La situación procesal, sin embargo, es delicada. Si la Cámara rechaza el recurso extraordinario y obliga a recurrir mediante un recurso de queja ante la Corte Suprema, la cautelar podría dejar de tener efectos, lo que implicaría la suspensión inmediata de los beneficios.
Debate jurídico: legitimación y procesos colectivos
Uno de los argumentos centrales de la Cámara para revocar la cautelar fue cuestionar la legitimación procesal de las Defensorías del Pueblo.
El tribunal sostuvo que los defensores no podían iniciar el proceso en ausencia de la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Escobar Correa rechaza esa interpretación. Según explicó, la Defensoría santiagueña no actuó como demandante directa, sino como patrocinante de organizaciones civiles que representan a personas con discapacidad.
“La Cámara interpretó que los defensores iniciamos el proceso por derecho propio, cuando en realidad solo brindamos patrocinio a asociaciones que acudieron en defensa de los beneficiarios”, sostuvo.
Impacto social
Más allá del debate jurídico, el funcionario enfatizó el impacto social de la decisión administrativa que originó el conflicto.
Según explicó, la revisión masiva de pensiones impulsada por el Gobierno nacional dejó a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
“No se puede perjudicar a la inmensa mayoría de personas vulnerables por eventuales irregularidades de algunos casos. Para muchas familias, esa pensión es el único ingreso que tienen”, señaló.
La definición del caso podría recaer finalmente en la Corte Suprema, que deberá analizar la legalidad de las revisiones administrativas y el alcance de la protección judicial en materia de derechos sociales.
