Escobar Correa: La cuenca Salí-Dulce I Monitoreo permanente y cumplimiento del convenio ambiental con Tucumán
13.03.26 A un año de haber asumido la conducción de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, el Dr. Daniel Escobar Correa -en el programa del Stream «La Editorial«, con Fernando Lagar y Luis «Charly» Carabajal, que se emite de lunes a viernes de 8,30 a 12,oo hs-, trazó un balance positivo sobre uno de los conflictos ambientales más sensibles de la región: la contaminación de la cuenca Salí-Dulce y el impacto sobre el lago de Río Hondo.
El funcionario destacó que durante el último período no se registraron episodios de mortandad de peces asociados a contaminación, un indicador que, según afirmó, refleja avances en el control ambiental sobre las industrias sucroalcoholeras de Tucumán.
La mejora se vincula directamente con el convenio de inspección interprovincial firmado en el marco de la causa judicial ambiental, que permite a organismos de Santiago del Estero realizar controles dentro del territorio tucumano. Se trata de un mecanismo poco frecuente en el país, que habilita a autoridades de una provincia a intervenir en otra cuando está en juego un recurso natural compartido.
“Se viene cumpliendo el convenio de manera estricta. Se realizan inspecciones prácticamente a diario y controles trimestrales con funcionarios de Nación y de la provincia de Tucumán”, explicó Escobar Correa.
Los controles se concentran principalmente en tres variables críticas para la contaminación industrial del sistema hídrico:
Vinaza cero
Ceniza cero
Agua de lavado de caña
Estas inspecciones incluyen recorridos por los ingenios azucareros antes del inicio de la zafra, prevista para fines de marzo, con el objetivo de verificar que las plantas cuenten con sistemas adecuados para el tratamiento de efluentes.
Además, la Defensoría implementa monitoreo permanente de los afluentes de la cuenca mediante dispositivos de medición renovados, adquiridos al inicio de la actual gestión.
Un precedente institucional
El caso Salí-Dulce generó también un antecedente relevante en materia de derecho ambiental. La Justicia reconoció legitimación procesal a la Defensoría del Pueblo santiagueña para intervenir judicialmente en otra provincia cuando la contaminación impacta sobre recursos compartidos.
Para Escobar Correa, este precedente refleja una realidad cada vez más evidente en el derecho ambiental contemporáneo: los daños ecológicos no reconocen fronteras provinciales.
“Las cuestiones ambientales no terminan en los límites de una provincia. Lo que ocurre en un territorio necesariamente repercute en otro”, sostuvo.
Nuevos desafíos: otras fuentes de contaminación
El funcionario advirtió que el problema ambiental no se agota en la industria azucarera. También existen otras actividades productivas que generan impacto en la cuenca, entre ellas el sector frutihortícola y agroindustrial.
“Es necesario analizar todas las actividades productivas que puedan generar contaminación y encaminar soluciones que compatibilicen el desarrollo económico con la protección ambiental”, afirmó.
El desafío, según la Defensoría, es avanzar hacia un modelo de control ambiental integral, que contemple tanto la protección del ecosistema como el mantenimiento del empleo y la actividad productiva regional.
